El 29 de marzo un oleoducto de Exxon Mobil llamado Pegasus se rompió derramando unos 5.000 barriles de petróleo crudo en la localidad de Mayflower, estado de Arkansas. Muchos hogares fueron evacuados y equipos de limpieza desplegados en un intento de contener el inmenso daño, que ya había devastado la fauna local y causado problemas respiratorios entre los residentes.
Además de dañar la reputación de la industria petrolera, la catástrofe de Mayflower es un recordatorio oportuno de los peligros de la producción y el transporte de esos productos. De hecho, las imágenes del crudo emanando por las calles de un barrio suburbano aumentarán las filas del movimiento ecologista.
La cobertura y video de la escena se han visto gravemente limitada por la designación del área como “zona de exclusión aérea” de Exxon Mobil, aprobada por la Administración Federal de Aviación. El enorme monopolio petrolero también ha evitado hábilmente realizar pago alguno a un fondo de limpieza, citando un detalle técnico que clasifica la sustancia filtrada como “betún diluido” en lugar de petróleo.
Esta calculada y obstructiva respuesta de ExxonMobil revela los intereses de clase que se dan en la industria petrolera creciente. Con este frecuente tipo de accidentes — como el desastre de Mayflower y los otros seis pequeños derrames en los EE.UU. y Canadá durante un período de una semana — los gigantes de la industria han tratado de manipular sus contactos políticos y citar aspectos técnicos para evitar responsabilidad alguna.
La industria del petróleo ha trabajado duro para hacer que el país se olvide del derrame de petróleo masivo de la plataforma Deepwater Horizon de BP en el 2010. La explosión a 50 millas de la costa de Louisiana, dejó 11 trabajadores muertos, 17 heridos y derramó más de 200 millones de toneladas de petróleo en el Golfo de México, causando daños incalculables al medio ambiente y a las economías de los estados del Golfo.
Millones de galones de petróleo se vertieron en el golfo y cientos de miles de galones de tóxicos y otros disolventes como Corexit — prohibido en 19 países — fueron bombeados para ocultar el petróleo derramado. Al mismo tiempo, la administración de Obama aprobó decenas de proyectos de perforación en alta mar en los primeros días de la crisis, demostrando aún más, en las propias palabras de Obama, que la relación del gobierno federal con las grandes compañías petroleras es de hecho “agradable”.
El aparato regulador estaba controlado indirectamente por las empresas supuestamente sujetas a las regulaciones y el gobierno de EE.UU. pospuso en repetidas ocasiones de la empresa responsable pusiera fin a la crisis. BP tuvo que realizar varios intentos para tapar el escape de petróleo, casi tres meses después.
Durante esa crisis, los miembros del PSL participaron en la campaña “A confiscar BP” — para poner a este gigante de la energía y su riqueza bajo el control democrático de los trabajadores y de las organizaciones comunitarias. En cambio, con la negociación de las demandas y costos de restitución, el sistema jurídico capitalista permitió que la corporación se escapara de su responsabilidad.
Meses más tarde se gastaban decenas de millones de dólares en publicidad para rehacer la imagen pública de BP. Volvieron a las operaciones normales y repartieron entre sus ejecutivos suculentos bonos. Ningún ejecutivo fue a la cárcel, por el contrario la empresa culpó a los trabajadores. Esa es la naturaleza de la “justicia” capitalista.
Oleoducto Keystone XL
Este último derrame en Arkansas ha intensificado el debate, patricularmente con respeto a la construcción del gran oleoducto Keystone XL que ahora se encuentra bajo consideración por el Departamento de Estado. Empresas como la petrolera canadiense TransCanada continúan presionando al Presidente Obama para que apruebe este oleoducto y otros proyectos.
El oleoducto de 1.702 millas de largo (2.739 kilómetros) transportará petróleo crudo de arenas de alquitrán (bituminosas) desde Canadá a través de tierras ecológicamente frágiles en los Estados Unidos. A pesar de las advertencias de los científicos con respecto a las altas probabilidades de contaminación ecológica, expresadas durante las movilizaciónes de miles de activistas, el presidente Obama aún no ha respondido oficialmente pero sí ha estado señalando su apoyo a la misma.
El oleoducto, que será una colaboración entre la gigantesca TransCanada y el gobierno de los EE.UU., revela la estrecha colaboración entre las grandes empresas y el Estado; ambos al servicio del lucro. Como todas las empresas, estos gigantes de la energía no tienen consideración con el planeta que todos habitamos. Mientras que los ambientalistas y activistas indígenas norteamericanos que se oponen al oleoducto Keystone XL son encarcelados por sus protestas, estos contaminadores corporativos ganan millones haciéndose pasar como “originadores de empleo”.
En la lucha inmediata, la protesta masiva es importante y un número suficiente de personas podría detener la construcción del oleoducto Keystone XL. Sin embargo, el socialismo es la única solución de largo plazo a estas amenazas ambientales. El socialismo pone las necesidades del pueblo antes que el lucro corporativo, y se construye basado en la protección del medio ambiente.
