Foto: Los atacantes asaltan el Capitolio el 6 de enero; crédito: TapTheForwardAssist/Wikimedia Commons
El juicio de Stewart Rhodes, el líder del grupo paramilitar de extrema derecha conocido como los “Oath Keepers”, y cuatro miembros altos de la organización comenzó el pasado lunes, 3 de octubre, en Washington D.C. Rhodes y los otros miembros enfrentan una letanía de cargos relacionados al asalto que llevaron a cabo el 6 de enero contra el Capitolio, el más serio de los cuales es el de sedición conspiratoria. Hasta hoy, este es el juicio de más alto perfil relacionado al ataque.
Los Oath Keepers son un grupo ultra reaccionario compuesto de exmiembros y de servicio activo de las fuerzas armadas y las agencias policiacas. La ideología de la organización está arraigada a teorías de conspiración basadas en complots por parte de elementos demócratas que intentan infringir la “libertad personal”; su nombre es una referencia al juramento tomado por las fuerzas de seguridad de defender la constitución –la implicación es que mantenerse fiel a este juramento puede conllevar hacerle guerra al gobierno. Sus miembros están fuertemente armados y son partidarios fanáticos de Donald Trump.
El tres de octubre, los fiscales empezaron a construir un caso basado en gran parte en las comunicaciones internas de los Oath Keepers. Las comunicaciones demuestran cómo el grupo se preparó meticulosamente para un enfrentamiento decisivo el 6 de enero, cuyo resultado hubiera sido la toma de poder por Donal Trump y la cancelación de las elecciones del 2020. Coordinaron sus acciones mientras entraban al Capitolio a la fuerza, cazando intencionalmente a legisladores conocidos. Y se prepararon para un enfrentamiento mucho más sangriento –los Oath Keepers juntaron un cargamento de armas y municiones justo al otro lado de la frontera en Virginia que podía ser transportado rápidamente al Capitolio en caso de que se desatara una balacera.
Sin duda alguna, Rhodes y los Oath Keepers son enemigos jurados de los trabajadores y las personas oprimidas, y claramente violaron la ley. Pero sería una parodia de la justicia si este fuera el momento clave de la investigación del ataque del 6 de enero, un momento que le permita a los fiscales declarar “misión cumplida” y terminar cualquier esfuerzo de traer a la justicia a los autores del ataque.
Los Oath Keepers no pudieron penetrar por sí solos uno de los centros gubernamentales más importantes del país mientras cientos de los miembros más poderosos de la élite política se encontraban reunidos en él, aun como parte de una masa de personas mucho más grande. Lo que resultó decisivo el 6 de enero fue la notable falta de seguridad en el Capitolio. Los derechistas planificaron su ataque abiertamente, declarando explícitamente en línea que usarían métodos violentos para lograrlo. Sin embargo, los llamados constantes y cada vez más frenéticos para desplegar a la Guardia Nacional fueron ignorados por el Secretario de Defensa recién instalado por Donald Trump. En algunos puntos alrededor del Capitolio, a los policías parecía no interesarles hacerle resistencia a la masa. Y hubo varios reportes de miembros de derecha del congreso dando “recorridos de reconocimiento” del edificio antes del ataque.
Una investigación agresiva y a fondo de la jerarquía policiaca y militar para llegar al fondo de esto aún no ha sido llevada a cabo. Pero no es un misterio quién estuvo al mando político del ataque. Donald Trump y un grupo de sus aliados políticos de la clase dominante desarrollaron e implementaron una estrategia para alegar falsamente que las elecciones fueron robadas, convencer a una sección amplia de la población de que esto era cierto y usar está presión para anular el voto. Este grupo estaba explorando activamente la posibilidad de declarar ley marcial para que Trump se mantuviera en el poder.
De hecho, este supuestamente será uno de los elementos cruciales que usará la defensa de los Oath Keepers en el juicio. La defensa piensa argumentar que las preparaciones que se hicieron para un combate armado eran legales porque solo se hubieran sido implementadas en el evento de que Trump invocara la Ley de Insurrección –una ley que le hubiera permitido movilizar las milicias estatales para aplastar cualquier intento de derrocar el gobierno, el cual en este caso sería la “manipulación electoral” ficticia que los derechistas dicen tomó lugar en las elecciones del 2020. Sus otras actividades, arguyen los Oath Keepers, eran en esencia esfuerzos protegidos por la constitución por cabildear a Trump para que usara los poderes que ellos dicen le otorga la Ley de Insurrección.
Se escogió esta estrategia luego de que el juez del caso les prohibiera a los abogados de la defensa hacer un argumento mucho más amplio de “autoridad pública” con el que hubieran sostenido que la operación entera de los Oath Keepers fue llevada a cabo bajo la autoridad lícita de Donald Trump como presidente.
Pero hasta ahora, Trump y sus más altos cómplices han disfrutado de inmunidad del estado capitalista. Como en lugar de tomar acción decisiva inmediatamente después del ataque, las autoridades han esperado casi dos años, le han hecho mucho más fácil a las figuras envueltas a presentarse como víctimas de persecución a manos de un sistema de justicia politizado. Al fin y al cabo, quedará en manos de las masas de gente trabajadora que rechazan la agenda ultrareaccionaria de la extrema derecha movilizarse y poner fin a esta amenaza.
