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La decisión Janus v AFSCME es un ataque contra los trabajadores: ¡Los sindicatos del sector público se deben defender!

Photo: Kjetil Ree(CC BY-SA 2.0)El 27 de junio, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos asestó el golpe más importante contra los sindicatos del siglo 21. En una decisión de 5-4, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos emitió un dictamen a favor de los intereses corporativos y de los grupos de fachada que estos financian. A pesar de que Mark Janus se convirtió en la imagen pública de Janus v AFSCME, la realidad es que Janus y sus dos acusados no son más que marionetas de grupos corporativos como el Centro para los Derechos Individuales (CIR por sus siglas en inglés) y la Fundación Nacional de Defensa Legal del Derecho al Trabajo. Junto con muchas otras fundaciones y sociedades instrumentales, ambas empresas “sin fines de lucro” han inyectado enormes sumas de dinero en los casos legales fabricados para atacar los derechos de los trabajadores y para desintegrar a los sindicatos.

¿Cuál es la base legal del caso Janus v. AFSCME y en dónde se sitúa este caso dentro del ataque histórico contra los sindicatos específicamente del sector públicoy contra los sindicatos en general. En primer lugar, es importante entender que el caso Janus v AFSCME y su antecesor, Friedrichs v. La Asociación de Maestros de California, no son movimientos de base liderados por trabajadores que tienen discrepancias con el concepto de sindicatos del sector público. De hecho son el resultado de campañas bien financiadas para acabar con lo que queda del poder obrero organizado en los EE. UU. En segundo lugar, el argumento superficial que los sindicatos violan la primera enmienda de los trabajadores es una farsa total. Los sindicatos siempre han constituido el mecanismo principal para ejercer la democracia en los centros de trabajo dentro de los países capitalistasy han protegido a los trabajadores continuamente de la ira de jefes malvados y de gobiernos reaccionarios.

Antes de la decisión Janus, en los 24 estados que no contaban con leyes de sindicalización obligatoria los trabajadores representados por sindicatos que no deseaban ser miembros debían pagar “comisiones de agencia.” El propósito de estas comisiones era el asegurarse de que todos aquellos quienes se beneficiaran del contrato del sindicato pagaran la parte que les correspondía de los gastos de representación. Sin embargo, los pagos de cuotas de agencia no eran para apoyar la actividad política del sindicato. El argumento básico que el equipo legal de Janus inventó fue que como Mark Janus es un empleado del sector público, todos los beneficios y protecciones que logre negociar su sindicato constituyen actividad política al estar atados a los presupuestos de la ciudad, del estado y federal. La decisión del Tribunal Supremo básicamente amplía las leyes del “derecho al trabajo” para los sindicatos del sector público en todo el país.

Taft Hartley y el “Derecho al trabajo”

Antes de la decisión Janus, más de la mitad del país ya contaba con leyes de “derecho al trabajo.” A pesar de la naturaleza evasiva de la frase, el “derecho al trabajo” no le garantiza a todos el derecho a un trabajo. De hecho, es un intento de destripar a los sindicatos y las protecciones de los trabajadores.

Es importante comprender los orígenes de cómo los estados obtuvieron acceso a la imposición de leyes de “derecho al trabajo” pues está ligado directamente con el dictamen de hoy. A pesar de que hubieron muchísimos ataques en el siglo 20 en los EE. UU., el decreto Taft-Hartley de 1947 representó uno de los más grandes retrocesos al poder obrero en la historia de los EE. UU. La ley desmanteló muchos de los derechos que los trabajadores habían luchado arduamente para conseguir durante las luchas masivas de las cuatro primeras décadas del siglo 20. Como respuesta a las huelgas de 5 millones de trabajadores en 1946, un año después del fin de la segunda guerra mundial, la clase dominante aprobó ávidamente esta ley, incluso por encima de un veto presidencial.

Dentro de los muchos precedentes anti-obreros que han sido establecidos, Taft-Hartley legalizó que los estados prohibieran que los sindicatos negociaran cláusulas de seguridad del sindicato. El quitarle a los sindicatos este derecho abrió las puertas para las leyes del “derecho al trabajo.” Los sindicatos negociaban cláusulas de seguridad del sindicato para asegurarse de que todo miembro que se beneficiara de un contrato sindical pagara su parte por los gastos de la representación legal. Pero tras la eliminación de las cláusulas de seguridad sindicales, varios estados (muchos de ellos en el sur) se apresuraron para aprobar leyes de “derecho al trabajo.” Al permitir que algunos trabajadores se convirtieran en “free riders”—trabajadores que se beneficiaban del contrato sindical pero que no tenían que pagar nada por estos beneficios—dentro de los sindicatos eliminó gran parte de los ingresos del sindicato, lo cual debilitó a los mismos y su habilidad para negociar buenos contratos y facilitó que los jefes utilizaran tácticas aún más brutales contra los sindicatos.

Taft-Hartley y el “derecho al trabajo” le causó daño al movimiento obrero a nivel nacional. De no ser por la ley Taft-Hartley, muchos de los derechos sindicales más importantes no hubieran sido eliminados y las leyes de “derecho al trabajo” ni siquiera hubieran sido una posibilidad jurídica.

La guerra de varias décadas contra los sindicatos del sector público

El caso Janus es básicamente la secuela de un caso casi idéntico, Friedrichs v California Teachers Association. En ambos casos, trabajadores del sector público alegaron que el pagar cualquier tipo de comisión de agencia constituía una violación de su derecho a la primera enmienda de libertad de expresión y de asociación. Sin embargo, como consecuencia de la muerte oportuna del juez Antonin Scalia, la decisión del caso Friedrichs terminó en un ahogado de 4-4.

En realidad, Friedrichs and Janus ambos fueron intentos de deshacer la decisión del caso Abood v Detroit Board of Education del Tribunal Supremo en 1977. En Abood, el Tribunal Supremo llegó a la conclusión unánime de que los sindicatos del sector público tienen derecho a mantener “afiliación sindical obligatoria” las cuales requieren que todos los empleados que estén protegidos dentro de un contrato sindical deben pagar comisiones de agencia como lo hacen sus homólogos en el sector privado. Si los empleados del sector público que disfrutan de la representación sindical no deseaban ser miembros, tenían la obligación de pagar “cuotas de agencia.” Sin embargo, el Tribunal Supremo no emitió un dictamen a favor de los trabajadores motivado por un deseo de preservar los derechos sindicales obtenidos tras una ardua lucha. Lo hizo por que el poder sindical en los 70s, en particular en los sindicatos de maestros, estaba en uno de sus puntos más altos en la historia moderna, lo cual obligó a la clase dominante a realizar concesiones.

Hoy en día, dado que los sindicatos han perdido tanto de su antiguo poder, es fácil para la clase dominante el imponer dictámenes y leyes anti-obreras bajo el manto de la libre expresión. Sin embargo, sabemos que la única libertad en la que clase corporativa está interesada es la de forrar aún más sus bolsillos y la de deshacer el poder obrero cada vez más. El haber ampliado el “derecho al trabajo” para los sindicatos del sector público en todo el país representa la posibilidad de destrozar las arcas de los sindicatos. Como es de esperar, estos mismos grupos de fachada contra los sindicatos financiados por las corporaciones también financian propaganda contra los sindicatos para indoctrinar a los trabajadores. A medida que más miembros del sindicato abandonen sus membresías y dejen de pagar comisiones, menos serán los fondos que los sindicatos podrán recaudar, lo cual dará lugar a contratos más débiles. Desde luego, esto tendrá como resultado que más miembros querrán abandonar la membresía del sindicato y el ciclo continuará. Al menos esto es lo que espera la clase dominante.

Aprendiendo de la historia de los sindicatos de sector público militantes

Es importante mencionar que durante la mayor parte de su existencia, los trabajadores del sector público no han tenido acceso legal a formar sindicatos o a la negociación colectiva. No fue hasta fines de los 1950s y a principios de los 1960s que los sindicatos del sector público comenzaron a recibir acuerdos de negociación colectiva legalmente vinculantes. Antes de eso, el Ley Nacional de Relaciones Laborales, la cual de hecho era un pedazo de legislación implementado para sofocar el poder militante obrero y no para proteger las ganancias que los trabajadores habían obtenido tras una lucha intensa, sólo aplicaba a trabajadores del sector privado. Sin embargo la falta de protecciones legales no impidió que los trabajadores del sector público se organizaran para formar sindicatos militantes. En 1889, los carteros establecieron el primer sindicato postal. La Federación Estadounidense de Maestros se formó en 1918, el mismo año que varios sindicatos independientes de bomberos se unieron para formar un sindicato nacional. En 1932, AFSCME fue fundado en Wisconsin, y la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno fue fundada el mismo año. Tan sólo durante el periodo de 90 años entre 1830 y 1940 se dieron más de 1000 huelgas de trabajadores del gobierno en los Estados Unidos, y apenas hace un mes, maestros y maestras en todo el país hicieron huelgas y organizaron paros, demostrando el poder que tienen los trabajadores del sector público incluso sin contar con derecho a la negociación colectiva.

La historia de la clase obrera nos dice que cuando los trabajadores se unen para luchar contra los ataques corporativos, ¡ganamos! Las protecciones legales que la clase dominante se vio obligada a conceder para mantener la paz de los trabajadores no fue el factor decisivo para determinar el éxito de los sindicatos. La base del poder de los sindicatos siempre ha sido y será la fuerza de la acción colectiva de los trabajadores.

Lo que es distinto hoy en día es cuan lejos muchos de los sindicatos han llegado en su capitulación ante el partido demócrata. El cambio de un movimiento sindical militante y de base a uno de cabildeo político ha pacificado a los trabajadores sindicalizados y los ha alienado del movimiento más grande al cual pertenecen. Si los sindicatos no le prestan atención al llamado a la acción como respuesta al daño que la decisión Janus ha causado, este podría ser el principio del fin de los sindicatos tal como los conocemos. Queda en manos de la base de trabajadores y los miembros de los sindicatos la tarea de regresar a una militancia de base y de comenzar a recuperar el poder de los líderes sindicales que muy a menudo reflejan los intereses de los lacayos corporativos contra los cuales dicen luchar.

Los trabajadores del sector público son importantes para la sociedad. Realizan muchas de los trabajos que permiten que nuestras ciudades, pueblos y el país sigan operando día tras día. Para ser claros, los efectos desastrosos de la decisión Janus consisten de dos partes. Uno de ellos será la liquidación de miembros de los sindicatos. El segundo será un aumento exponencial en la privatización y la subcontratación de servicios públicos fundamentales. Este ataque corporativo de doble filo intensificará aún más los ataques contra la clase obrera, y tras la decisión de Janus a los sindicatos les costará mucho más trabajo resistir estos nuevos ataques.

En un país en donde las leyes y el estado benefician a la clase dominante, no debe sorprender que Janus y su respaldo corporativo ganaron. Es por eso que necesitamos luchar por el socialismo. En una sociedad capitalista, las leyes seguirán favoreciendo los intereses de la clase capitalista. Hasta que la clase trabajadora obtenga el control de toda la sociedad, las leyes reflejarán los intereses de los trabajadores para garantizar una democracia plena en los centros de trabajo de una vez por todas.

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