Kelly Coltrain, de 27 años, es la última víctima no sólo del complejo de encarcelamiento masivo, sino también de la negligencia médica, el maltrato y el abuso que sufren los presos en las cárceles de los Estados Unidos. Ella murió en una cárcel de Nevada.

Coltrain, que tenía epilepsia (convulsiones debilitantes y algunas veces fatales), puede verse en las cámaras de vigilancia de la prisión convulsionando y vomitando en los últimos días de su vida. Ella pidió que la llevaran a un hospital para buscar la atención médica que necesitaba desesperadamente. En cambio, los guardias le proporcionaron un trapeador para limpiar su emesis y miraron hacia otro lado mientras moría tras las rejas por un ataque. Para empeorar las situaciónn, después de que la encontraron inconsciente, no se intentó ningún método de resucitación y nunca se buscó asistencia médica.

Su único “crimen” fue no pagar las multas de tráfico.

La asistencia sanitaria y las cárceles son antitéticas

Desafortunadamente, la negligencia médica y el tratamiento inhumano que Kelly Coltrain padeció antes de su muerte no son únicos. La negligencia y la insensibilidad similares se pueden encontrar en cárceles locales, prisiones estatales y penitenciarías federales en toda la nación.

La atención médica es casi inexistente tras las rejas y, de hecho, es antitética a la prisión. Según el Departamento de Justicia, 12 reclusos mueren cada día; aproximadamente 5.000 cada año tras las rejas. Mientras que algunos reclusos se suicidan, la mayoría de los reclusos mueren a causa de enfermedades tratables, como el cáncer, las enfermedades cardíacas, la insuficiencia hepática y otras enfermedades, en particular las relacionadas con el VIH/SIDA.

Esto no sólo es insensible sino inconstitucional. El caso histórico Estelle v. Gamble estipuló que los reclusos tienen derecho a recibir tratamiento médico adecuado y oportuno. Sin embargo, 40 años después de esa decisión judicial, no sólo carecen de atención médica básica los prisioneros, sino que también son descuidados intencionalmente y sus condiciones médicas son usados contra ellos para castigarlos.

Un ejemplo es el caso del preso político Mumia Abu-Jamal, a quien el estado sigue negando el tratamiento médico para la diabetes, la psoriasis (afección de la piel) y la hepatitis C. En 2015, Mumia casi murió de cetoacidosis diabética (choque diabético) relacionada con la hiperglucemia grave (peligrosamente alto nivel de azúcar en la sangre) después de que el personal médico de la prisión federal negó repetidamente a controlar su nivel de azúcar en la sangre. Sólo una campaña internacional de protesta, acusando de intento de asesinato por negligencia médica, logró obtener para Mumia una mejor atención.

Número creciente de prisioneros envejecidos

Aproximadamente el 25 por ciento de la población carcelaria del mundo se encuentra en los Estados Unidos, a pesar de que los Estados Unidos tiene sólo el 5 por ciento de la población mundial. A medida que la población carcelaria continúa creciendo exponencialmente, y la sentencias obligatorias creciendo con más tiempo tras las rejas, hay muchos prisioneros que se envejecen. Muchos dicen que las cárceles están empezando a parecer como los hogares de ancianos. La mayoría de los presos estatales que murieron en 2014 tenían 55 años o más, y la mayoría de ellos murieron de enfermedades tratables.

Este es un problema creciente debido a que los reclusos mayores con enfermedades crónicas debilitantes y/o múltiples no sólo son vulnerables a la violencia sino a las condiciones deplorables y antihigiénicas que se encuentran en las cárceles que empeoran su salud ya frágil. Al mismo tiempo, el sistema penitenciario los priva de un tratamiento médico oportuno y adecuado.

Privatización de la atención médica en la prisión

La atención médica en muchas prisiones y cárceles se ha contratado con empresas privadas. Las más grandes son Corizon Health y Wexford Health Sources, que brindan atención médica en 571 centros penitenciarios de Estados Unidos.

Maximizan las ganancias al recortar los servicios de salud. Los presos y sus familias han entablado una demanda judicial contra Corizon por cargos de negligencia grave y violaciones de derechos civiles en Georgia, Nuevo México, Oregón, Arizona, Colorado y California. Wexford es objeto de demandas similares por muerte injusta.

El gobierno federal contrata a empresas privadas basadas en fines de lucro para administrar completamente 170 de sus prisiones. Esto evita el pago de beneficiones y pensiones a los trabajadores estatales. La atención médica en las empresas privadas es aún peor.

CoreCivic y GEO Groups son las más grandes de estas compañías. Solo están obligados a los accionistas y tienen una responsabilidad mínima por el bienestar de los reclusos. Maximizan las ganancias al gastar menos dólares de los que se asignan por persona (alrededor de $34 por día) a los presos. La atención médica es un área donde los costos se mantienen especialmente bajos. Esta práctica pone en peligro la vida de los presos, especialmente aquellos que ya están enfermos o viven con enfermedades crónicas.

Las tácticas de reducción de los costos de CoreCivic incluyen evitar el tratamiento a los reclusos mayores de 65 años o aquellos con enfermedades crónicas. Esta compañía tiene un historial de no llevar prisioneros al hospital cuando lo necesitan, y de castigar a los reclusos cuando hacen solicitudes médicas frecuentes.

La explotación de los reclusos, la negligencia médica y la comida barata y repugnante que se sirve diariamente maximizan las ganancias. Esto hace de las prisiones privadas un negocio en auge. Después de que Donald Trump fue elegido en 2016, las acciones en la bolsa de valores de CoreCivic subieron un 50 por ciento y las acciones de los Grupos GEO aumentaron un 21 por ciento. ¿Pero a qué costo?

Huelga de Prisiones 2018

Con la conclusión de la huelga carcelaria más grande en la historia de los EE.UU., es crucial vincular la falta de atención médica y la negligencia médica severa que padecen los prisioneros, con las demandas que está planteando la Prisión Nacional para las condiciones de vida humana y la protección de sus derechos. La atención médica es un derecho y nadie debe ser privado de ella, dentro o fuera de las rejas de la prisión.

Se necesita que todas las personas progresistas estén en total solidaridad con los valientes prisioneros que participan en la huelga. Dentro y fuera de los muros, la lucha continuará poniendo fin a la esclavitud moderna en el sistema penitenciario. También continuará hasta que todos reciban el derecho humano a la atención médica.