La historia: Un trabajador industrial negro está acusado de asesinato de un policía blanco en Georgia, 1989. Aunque no hay prueba física concluyente que lo vincule con el delito, es condenado y sentenciado a muerte. Él proclama su inocencia desde el principio. Siete de los nueve testigos se retractan de su testimonio, admitiendo varios el haber sido inicialmente coaccionados por la policía. Uno de los testigos es considerado el principal sospechoso.

La respuesta: Activistas progresistas, conscientes del racismo profundamente arraigado en la justicia de los EE.UU., se unen a grupos de personas indignadas tras estar conscientes de la injusticia. Las protestas se llevan a cabo en todo el mundo, ejerciendo una presión suficiente como para retrasar la ejecución en repetidas ocasiones. El caso finalmente llega a la Corte Suprema de los EE.UU.. Los fanáticos tienen testigos contemplando cómo el hombre negro, tumbado y atado a una camilla durante horas, espera su destino. Los nueve jueces, nombrados en la Corte tanto por los demócratas como los republicanos, deciden no intervenir. La Casa Blanca emite un mensaje: “sin comentarios”, y se niega a abrir una investigación federal de derechos civiles que podría haber paralizado su ejecución.

El resultado: El estado de Georgia asesina a Troy Davis a las 23:08 del 21 de septiembre de 2011.

Síntomas racistas en la de aplicación de la pena de muerte

Troy Davis, con su extraordinario valor, nunca será olvidado. En sus últimas palabras proclamó su inocencia una vez más, declaró su simpatía por los asesinados, y pidió a todos sus seguidores a “seguir luchando esta lucha.”

La lucha para tratar de salvar la vida de Troy Davis reunió a miles de personas en las calles, consiguiendo que muchas se radicalizasen al ser testigos del evidente racismo en la aplicación de la pena capital en los Estados Unidos.

El caso de Davis recibió una atención pública inusual, pero el caso en sí no es tan extraño. Por todo el país nos encontramos con presos condenados a muerte que han sido condenados gracias a pruebas limitadas e insuficientes y sin recibir jamás un juicio justo. La proporción de negros y latinos en esta estadística es abrumadora. Un estudio en el año 2011 realizado por el Fondo de Defensa Legal de la NAACP demostró que había 1.338 presos negros (41,83%) esperando ser ejecutados, en comparación con los presos blancos 1.387 (43,36%). La comunidad negra representa aproximadamente el 13% de la población.

La pena de muerte confirma lo que la candidata presidencial Peta Lindsay ya había declarado sobre el caso de Trayvon Martin: el sistema de justicia penal actual asigna valor nulo a la vida de los negros. Un informe realizado por parte de la Oficina General de Contabilidad en 1990 encontró que, en aproximadamente el 82% de los casos revisados, la “raza de la víctima fue determinante para influir en la probabilidad de ser declarado culpable de asesinato o de recibir la pena de muerte. Es decir, aquellos que asesinaron a ciudadanos blancos tuvieron más probabilidades de ser condenados a muerte que los que asesinaron a ciudadanos negros”.

El estudio de la NAACP también examinó un conjunto limitado de casos de asesinatos interraciales desde 1976, que son aquellos en los que uno de los acusados es ejecutado por haber matado a una o más personas de otra raza. Se encontraron 18 casos en los que se ejecutó a un acusado blanco por matar a una persona negra. Por el contrario, el gobierno ejecutó a 253 ciudadanos negros que fueron acusados de matar a víctimas blancas.

Cuando además existe la combinación de racismo y pobreza, los resultados son mortales para los acusados. Muchos tienen que confiar en abogados públicos que no tienen los recursos necesarios para hacer frente a la agresividad de los fiscales. El Chicago Tribune informó en junio de 2009 que la dotación a un abogado defensor público asignado para casos de pena de muerte se había reducido a 100 dólares. Sin dinero para los peritos y las pruebas forenses, los acusados condenados a muerte tienen pocas posibilidades de obtener justicia contra el omnipotente poder del Estado. Otra táctica que ha sido ampliamente utilizada por los fiscales es la exclusión sistemática de jurados negros.

Troy Davis nunca será olvidado. A medida que la lucha contra el racismo vuelve a las calles, recordemos su llamada a continuar la lucha. Miles de vidas inocentes se han perdido gracias a la racista y clasista pena de muerte. Ya es hora de que la derrotemos.