Los archivos del operativo republicano Thomas B. Hofeller, el “Miguel Ángel de Gerrymandering,” proporcionan pruebas sólidas de una conspiración de utilizar el Censo de 2020 para privar de sus derechos a los votantes latinos. Hofeller fue uno de los principales contribuyentes al memorando del Departamento de Justicia solicitando que se agregara una pregunta de estado de ciudadanía al próximo Censo, una medida que ahora está siendo cuestionada en la Corte Suprema de los Estados Unidos. El memorando del Departamento de Justicia afirmó que la pregunta del estado de ciudadanía era necesaria para hacer cumplir la Ley de derechos de voto de 1965. Los defensores de los derechos civiles llamaron a esto una mentira, afirmando que la pregunta pretende intimidar a los inmigrantes para que no llenen el Censo. Los datos de población recopilados en el Censo de EE. UU. se utilizan para determinar los distritos de votación y el financiamiento para programas sociales.
La nueva evidencia muestra que Hofeller realizó un estudio, patrocinado por un multimillonario de derecha, en 2015 sobre el impacto potencial de una pregunta de ciudadanía y concluyó que aumentaría el bloque político de derecha y el peso relativo de “Blancos no-hispanos,” y suprimiría en particular la representación política de áreas con una mayoría latina significativa. Esto contradiría de manera directa el testimonio jurado del funcionario del Censo Mark Neuman, designado por Trump, quien dijo que Hofeller le había dicho que la pregunta del estado de ciudadanía aumentaría la participación de los votantes latinos.
Hofeller murió hace poco y su hija, que no estaba de acuerdo con su política, encontró los documentos en su disco duro y los entregó a periodistas de investigación. Quedan pocas semanas antes de que la Corte Suprema de EE. UU. resuelva la constitucionalidad de la pregunta del estado de ciudadanía, y no queda está claro si los nuevos hallazgos influenciarán en la decisión. Las señales preliminares muestran que la mayoría conservadora de la Corte permitiría la pregunta; descartaron los hallazgos.
La Corte Suprema ha confirmado varias de las iniciativas racistas antiinmigrantes de la Administración Trump, incluyendo la “prohibición musulmana” revisada.
Se estima que hay 11 millones de personas indocumentadas en los EE. UU. Y 26 millones de inmigrantes que cuentan con estado legal pero que no son ciudadanos.
Independientemente de las afirmaciones de la Oficina del Censo de que existe un cortafuegos estricto entre su agencia y otras, la cuál le prohíbe compartir datos de individuos, muchas personas no confían en el gobierno de los EE. UU. dada la cruzada actual contra los inmigrantes, el despliegue de miles de tropas a la frontera para detener a los solicitantes de asilo de América Central y el esfuerzo por revocar DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia).
Las bajas respuestas del censo podrían significar menos asientos en el Congreso para los estados con poblaciones inmigrantes significativas. Esto, a su vez, tendría un impacto en los votos de los colegios electorales que determinan el resultado de las elecciones presidenciales.
Sobre la base de los resultados del Censo, el gobierno federal distribuye más de $ 800 mil millones en fondos para más de 300 programas federales y servicios sociales, desde centros comunitarios de salud hasta escuelas e infraestructura. Una baja participación en el Censo dejaría a muchas comunidades de clase trabajadora con problemas en los estados con una alta concentración de inmigrantes con menos recursos. De hecho, los inmigrantes indocumentados aportan miles de millones de dólares en impuestos a beneficios a los que no pueden acceder.
El intento de la administración de Trump de incluir la pregunta en un formulario del Censo fue cuestionado en los tribunales a nivel de distrito de los llamados “estados azules” como California, Nueva York y Maryland, que falló en contra de la inclusión de la pregunta en el censo de 2020 en ante múltiples demandas. El caso del Departamento de Comercio v. Nueva York, el cual decidirá la legalidad de incluir o excluir la pregunta, fue trasladado a la Corte Suprema de manera inusual a petición de la administración de Trump.
Los nueve miembros de la Corte Suprema, todos abogados ricos nominados de por vida, ahora tienen una clara mayoría de derechas. La decisión final se espera para finales de junio. Sin embargo, los tribunales e incluso la administración Trump no son inmunes a la lucha. Un movimiento masivo de derechos de los inmigrantes en 2006 derrotó un proyecto de ley racista draconiano que habría criminalizado a los indocumentados y a aquellos que les brinden refugio, alimentos y atención médica. Nuevamente se necesita este tipo de movimiento que pueda desatar la fuerza social de decenas de millones de personas para hacer retroceder a la cruzada antiinmigrante de la administración Trump.
