Foto: Un trabajador camina por una fábrica de Intel en Chandler, Arizona. Crédito: Archivo de Carol M. Highsmith, Biblioteca Nacional del Congreso, división de fotografía y grabados.
El gobierno de EE. UU. se está preparando para darle al líder en la producción de los microchips, Intel, una subvención de $8.5 mil millones, encima de $11 mil millones en préstamos y exenciones contributivas adicionales. El Presidente Biden anunció la subvención, parte del masivo proyecto de ley CHIPS de $280 mil millones, el 20 de marzo en Arizona.
Intel no necesita un salvavidas del gobierno. La compañía declaró una ganancia bruta de $27.71 mil millones para el año 2023 sobre $54.23 mil millones de ingresos. Mientras que los analistas financieros se preocupan por las ganancias reducidas de Intel y la falta de crecimiento de trimestre a trimestre cuando anunció su primera pérdida neta en más de 30 años en el 2022, sus ganancias le ganan por mucho a su competencia principal en el campo de chips a nivel de consumidor y servidor, AMD. Intel mantiene un 78% porcentaje del mercado de los chips de los PCs a nivel global, con AMD con solo un 13%. Como muchas otras compañías, está invirtiendo significativamente en los tipos de chips mejores para impulsar los algoritmos de la inteligencia artificial (IA). En enero, se separó el negocio de IA software Articul8 AI con un grupo grande de firmas de inversión y riesgo. El software de Articul8 AI será optimizado para el hardware de Intel, lo que entonces incrementará la demanda para el equipo, elevando las ventas para el producto principal de Intel.
El director ejecutivo de Intel, Pat Gelsinger, fue celebrado por haber sacrificado el 23% de su sueldo en 2023 ya que las acciones de la compañía cayeron el 50% desde que tomó el cargo en 2021, pero eso sólo impactó su salario entrante por unos $1.25 millones, una fracción insignificante de su sueldo total de $179 millones en 2021. En 2022, Gelsinger ganó $11.6 millones. El salario promedio per cápita del Condado de Maricopa, Arizona, donde se encuentra Chandler, es de sólo $41,261.
Y mientras la industria de semiconductores trasladó sus operaciones al extrajero, compañías como Intel, con IBM, Qualcomm, Texas Instruments, y Broadcom gastaron unos asombrosos $249 mil millones –o 70% de sus ganancias– recomprando acciones entre 2011-2020, llenando los bolsillos de sus ejecutivos y accionistas.
Intel es también uno de los blancos del movimiento internacional de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS, por sus siglas en inglés). El 19 de marzo, un día antes del anuncio en Arizona, el Comité Palestino de BDS inició la campaña #BoycotIntel, citando los planes de la compañía de iniciar una fundería de $25 mil millones en Israel. Entre subvenciones, préstamos con términos generosos y exenciones contributivas, Intel se beneficia del proyecto de ley CHIPS con aproximadamente $25 mil millones. Intel ya tiene fábricas en el asentamiento Israeli de Kiryat Gat. El Comité Nacional de BDS también nota, “En 2020, Intel indirectamente empleaba unos 53,000 trabajadores en Israel, y en 2022 Intel Israel declaró exportaciones récord de $8.7 mil millones, constituyendo el 1.75% del PIB entero y 5.5% de todos las exportaciones de tecnología Isrealí”.
¿A dónde va el dinero?
Biden ha formulado el anuncio de CHIPS como una ganancia para la clase trabajadora, pero la mayoría de los trabajos que creará serían temporales. Los fondos federales se difundirán para dos fábricas en cada ubicación en Chandler, Arizona y New Albany, Ohio y para las mejoras de una fábrica en Arizona. Intel y la administración de Biden anuncian un total de 30,000 trabajos creados, pero según el New York Times, sólo 10,000 de estos serán de manufactura. Los otros 20,000 serán de construcción para los nuevos proyectos. Una vez que abran las fábricas, los trabajos de construcción acabarán. En 2022, Intel anunció una nueva fábrica de chips, para ser construida en New Albany, Ohio. Un mes antes del programado inicio para el 22 de julio, mientras que el Congreso debatía y estancaba el proyecto de ley CHIPS, Intel anunció que iban a pausar el proyecto de New Albany, efectivamente manteniendo al gobierno y a los trabajadores bajo presión hasta que el gobierno los salvara.
Más, mientras que los comunicados de prensa halagan su “compromiso a la responsabilidad corporativa”, la compañía tiene una historia de crear condiciones peligrosas para sus trabajadores y quienes viven cerca de sus fábricas. En el Silicon Valley de California, donde se inició la industria de microprocesadores en Estados Unidos, la Agencia de Protección Ambiental ha identificado varios lugares donde los contaminantes del proceso de fabricación se han metido a la tierra y las aguas subterráneas. En un escrito sobre la fábrica de Intel de Mountain View, que usó del 1968 hasta el 1981, se nota que la reducción de niveles peligrosos del químico trichloroethene (TCE) tomaría “muchas décadas”. El TCE se usó como solvente, y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades notan que la exposición prolongada puede causar entre otros, confusión, náusea, daño hepático y muerte. Las políticas de negocio que ignoran el medioambiente y la salud de los trabajadores, más una falta de protecciones ambientales reales y su aplicación, significa que las industrias como esta por todo el Silicon Valley estaban filtrando TCE y otros químicos, envenenando el agua y la gente que vive cerca.
Parte de una nueva estrategia de Guerra Fría
La inversión masiva en Intel y otros fabricantes de chips bajo el proyecto de ley CHIPS de 2022 es parte de un coordinado esfuerzo de contener a China.
Durante una llamada de prensa sobre las subvenciones de Intel, la Secretaría de Comercio Gina Raimondo les dijo a los periodistas, “Dependemos de una pequeña cantidad de fábricas en Asia para nuestros chips más sofisticados. Esto es insostenible e inaceptable. Es un problema de seguridad económica. Es un problema de seguridad nacional. Y lo vamos a cambiar”.
En sus propias palabras, es “insostenible e inaceptable” que China sea el líder en cualquier industria en cuanto a Estados Unidos. El orden imperialista exige que China y otros países solo se desarrollen hasta cierto punto, solo lo necesario para la continua explotación laboral y de los recursos y mercados, en vez de dejar que se desarrollen por sí mismos. Incluso con esta inversión masiva de capital para las compañías privadas como Intel, Raimondo también dijo que la meta es lograr el 20% de la fabricación de chips en Estados Unidos para el 2030.
Queda claro que el subsidio de Biden es otra vez una gran regalada de fondos públicos a una corporación masiva que está entre las 100 más poderosas. Mientras que se ha formulado como una inversión en la producción de EE. UU. para beneficiar a los trabajadores estadounidenses, es en realidad otra frontera en la nueva Guerra Fría contra China. Los trabajadores no se deberían ver obligados a subsidiar enormes compañías multimillonarias y los salarios astronómicos que sus ejecutivos e inversores ganan, o a tener que oír que deben competir con trabajadores chinos por sus trabajos. Las corporaciones como Intel deberían ser convertidas en propiedad pública –propiedad de la clase trabajadora que creó ese lucro inicialmente–.
