Crédito de la foto: Gage Skidmore
Fiscales del condado de Fulton, Georgia, anunciaron anoche la cuarta imputación penal contra Donald Trump. Trump está acusado de 13 delitos como parte de su esfuerzo por anular los resultados de las elecciones sobre la base de falsos reclamos de fraude en las elecciones, pero él no es el único acusado en el caso. Bajo las disposiciones de la ley RICO de Georgia —una ley diseñada para combatir el crimen organizado— otras 18 personas se enfrentan a una serie de cargos por formar parte de la misma empresa delictiva. Estos incluyen prominentes figuras políticas de derecha como Rudy Giuliani y el ex Jefe de Personal de la Casa Blanca Mark Meadows.
Al igual que las otras tres acusaciones, los hechos de este caso son claros. El esfuerzo por anular el resultado de las elecciones del 2020 se llevó a cabo a plena vista. Trump y sus aliados inventaron una historia falsa sobre un fraude masivo que influyó en la carrera presidencial a favor de Biden, y luego buscaron presionar a los funcionarios que tenían un papel en el conteo y la certificación del total de votos. Este complot tenía un carácter obviamente racista, centrándose en partes predominantemente negras del estado e intentando descalificar un gran número de votos. Un elemento particularmente repugnante fue el ataque a dos mujeres negras que participaban en el conteo de votos de rutina en Atlanta, exponiéndolas a un vil acoso y a amenazas de muerte.
La culpabilidad de Trump en este asunto era tan obvia hace dos años y medio cuando comenzaron las investigaciones como lo es ahora. El sistema legal en Estados Unidos no se trata de impartir justicia desapasionadamente. Cada fiscal está tomando una decisión política cuando decide presentar un caso de cualquier tipo, sobre todo cuando involucra al ex presidente de Estados Unidos. Este enjuiciamiento, junto con los demás, ahora desempeñará un papel central en las elecciones del 2024.
Es importante señalar que cada presidente deja el cargo habiendo cometido una letanía de crímenes, algunos de los cuales son de naturaleza histórica que involucran muerte y sufrimiento a una escala inimaginable. Bill Clinton es responsable del bombardeo indiscriminado y el desmembramiento de Yugoslavia, y del ataque con misiles que destruyó la planta farmacéutica al-Shifa en Sudán. George W. Bush tiene la sangre de más de un millón de iraquíes en sus manos. Barack Obama presidió sobre la destrucción de Libia y el golpe militar en Honduras. Todos los presidentes están protegidos de la responsabilidad penal por estas atrocidades cometidas en apoyo del imperio, incluido Trump, quien ordenó el asesinato ilegal del principal oficial militar iraní Qasem Soleimani y casi sumió a Oriente Medio en una guerra regional catastrófica. Pero en los asuntos relacionados con las acusaciones, de lo que se acusa a Trump es profundamente desestabilizador para la clase dominante.
La ráfaga de actividad en las últimas semanas contrasta con la pasividad que prevaleció después del ataque del 6 de enero, que fue efectivamente la culminación del plan de Trump para revertir el resultado de las elecciones. Trump estaba verdaderamente aislado políticamente. Sus aliados en el establishment del Partido Republicano se estaban distanciando de él, el liderazgo militar efectivamente lo había denunciado y sus partidarios estaban desmoralizados y confundidos. Presentar cargos contra Trump en el periodo inmediatamente posterior a la comisión de los delitos por los que ahora está acusado también habría sido mucho más comprensible para el público —Trump cometió una serie de delitos ante sus ojos, y ahora la ley se le aplica como a cualquier otra persona.
En lugar de una acción decisiva ante una amenaza inminente a los derechos democráticos básicos, el retraso en el tiempo de este y otros enjuiciamientos parece casi hecho con el fin preciso de adaptarse a la narrativa de Trump sobre la instrumentalización del sistema legal. Los opositores de Trump en la clase dominante optaron por responder al asalto del 6 de enero con un juicio político sin sentido —que previsiblemente llevó a Trump a ser absuelto de muchos de estos mismos delitos en el Senado— y una serie de investigaciones prolongadas.
Ahora, Trump es por mucho el principal contendiente para ganar la nominación republicana. Irónicamente, pudo asegurar esta posición dominante en gran parte debido a la primera acusación relacionada con el ocultamiento de sobornos, quizás el menos consecuente de los delitos de los que se le acusa. Mientras que los oponentes de Trump pasaron los últimos dos años retorciéndose las manos y esperando que se desvaneciera, Trump ha estado trabajando arduamente para ganarse a la gran mayoría de los votantes republicanos con sus afirmaciones de fraude electoral en el 2020. Bajo estas circunstancias, Trump ha tenido pocas dificultades para promover la narrativa de que todos estos enjuiciamientos son parte de un complot de la administración Biden para abusar de la autoridad del Departamento de Justicia para “interferir” en las elecciones del 2024.
La rutina normal de las elecciones estadounidenses ahora chocará con las fechas de múltiples juicios superpuestos. Los procedimientos podrían comenzar poco después de que comiencen las primarias republicanas, y extenderse hasta la convención y más allá. Trump podría estar en la campaña electoral hablando en un rally un día y luego apresurarse a ir a un tribunal al día siguiente. Se espera ampliamente que el equipo legal de Trump busque retrasar los juicios y lanzar todos los obstáculos procesales imaginables. Cada vez que no se conceden estos retrasos, o cada vez que un juez busca imponer restricciones a la capacidad de Trump para comentar sobre los procedimientos en los medios de comunicación, Trump puede citarlo como otro ejemplo de la instrumentalización del Departamento de Justicia. Para los partidarios más militantes de Trump, esto parecerá ser el fin de la democracia constitucional en Estados Unidos.
La clase trabajadora no podrá navegar la situación histórica y profundamente inestable en la que estamos entrando sin independencia política. Los trabajadores dirigidos por una u otra facción de la clase capitalista son tratados como peones, desechables y fáciles de manipular. A medida que la lucha hacia las elecciones evoluciona de manera impredecible, a cada paso debemos tener en cuenta los intereses fundamentales de los trabajadores y tratar de promoverlos, en lugar de convertirnos en una cola para la cometa del liberalismo de élite o la extrema derecha.
