Los cargos anunciados el martes por el fiscal especial Jack Smith constituyen la crisis legal más grave que ha enfrentado Donald Trump hasta ahora. La acusación cubre una amplia gama de acciones que Trump tomó entre las elecciones de noviembre del 2020 y la certificación de los resultados de esas elecciones por parte del Congreso el 6 de enero del 2021. Las acciones se centraron en un plan para reunir listas paralelas de electores pro-Trump de los estados que ganó Joe Biden, descalificar a los electores legales de esos estados y luego convocar un Colegio Electoral con una mayoría pro-Trump que lo instalaría en la presidencia para un segundo mandato.
Trump una narrativa falsa sobre el fraude electoral masivo para justificar este esquema, argumentando que la elección en sí era ilegítima. Al cuestionar la legitimidad de la elección, Trump violó una de las reglas cardinales de la política de élite. La “transferencia pacífica del poder” es una práctica estimada entre los miembros de la clase dominante porque es uno de los pilares que les permite perpetuar su sistema con una semblanza de estabilidad. Los ricos y poderosos están divididos en muchas facciones —cada una con intereses particulares, aunque muchas veces con aspectos en común— que compiten entre sí por el poder. Sin un proceso ordenado para que una administración presidencial termine y otra comience, la lucha entre estas facciones podría adquirir dimensiones altamente disruptivas y violentas que podrían llegar a amenazar la supervivencia misma de su sistema de dominación política y económica.
Hay innumerables formas en que las elecciones en una sociedad capitalista son ilegítimas. Los donantes ultra ricos dominan el proceso electoral y determinan quién tiene los recursos para llevar a cabo una campaña viable y quién no tiene los recursos para hacerlo. Existen grandes obstáculos legales dentro de los EE. UU. para que cualquier partido que no sea el Demócrata o el Republicano aparezca en la boleta electoral. Los ejecutivos de los medios de comunicación corporativos determinan qué candidatos obtienen cobertura y cómo se discuten los temas principales. Un persona de la clase trabajadora nunca ha sido presidente, pero casi todos los presidentes en los últimos 100 años han sido millonarios. Llamar a este sistema de gobierno de los ricos “democrático” es un chiste.
Pero la alegación de Trump de que las elecciones del 2020 fueron un fraude, por supuesto, no está basada en nada de esto. Esperaba anular el resultado de las elecciones cuestionando la legitimidad de las boletas emitidas por cientos de miles de votantes negros y latinos en estados críticos, alegando falsamente que habían votado ilegalmente.
No hay duda de que esta campaña fue criminal. Trump buscó prolongar su gobierno por otros cuatro años inventando una narrativa completamente fabricada que serviría como base tanto para justificar las maniobras burocráticas de los políticos como para incitar la violencia callejera. Las acusaciones de fraude electoral de Trump se centraron en áreas geográficas mayormente negras y latinas, y tenían un claro carácter racista. Por ejemplo, publicó un video de dos trabajadores electorales negros en Atlanta (que luego fueron bombardeados con amenazas de muerte) y afirmó falsamente que el video los mostraba manipulando el conteo, y proclamó que en general “suceden cosas malas en Filadelfia” y que, por lo tanto, los resultados de votos reportados no eran confiables.
Con bajos índices de aprobación, Joe Biden espera obtener una ventaja electoral al postularse como la única persona capaz de proteger los derechos básicos del pueblo frente a Trump. Pero al analizar su historial como presidente muestra lo ridícula que es esa noción. Biden ha acelerado la destrucción del planeta al darle la luz verde a la extracción masiva de combustibles fósiles, ha pisoteado el derecho a la huelga al impedir que los trabajadores de los ferrocarriles abandonen el trabajo como forma de protesta, y ha llegado a un acuerdo para elevar el techo de la deuda al expulsar a las personas de los cupones de alimentos. Más allá de los EE. UU., su administración ha puesto en peligro al mundo entero (y ha desperdiciado cientos de miles de millones de dólares de los contribuyentes) persiguiendo su nueva agenda de Guerra Fría contra Rusia y China —algo que podría conducir a un conflicto global catastrófico. Ha mantenido los crueles bloqueos que la administración de Trump le impuso a Cuba y a Venezuela, que llevan a sufrimiento y muertes innecesarias.
El camino por recorrer
Este es el tercer caso criminal que enfrenta Trump. Uno de los caso, que está siendo manejado por la fiscalía de Manhattan, involucra un pago secreto realizado durante su campaña del 2016. Otro caso, presentado por el equipo del fiscal especial Smith, trata de documentos clasificados que Trump retuvo y ocultó después de dejar el cargo. Estas dos acusaciones iniciales llevaron a un mayor apoyo para Trump dentro del Partido Republicano y lo ayudaron a consolidar su estatus como el candidato republicano favorito en las primarias. Trump pudo impulsar la narrativa de que estos casos —uno que involucra un escándalo personal que ya ha sido conocimiento público por años, y otro que intenta pintar su posesión de documentos confidenciales (aparentemente con el propósito de presumir ante sus amigos) como un acto de espionaje— son ejemplos de la instrumentalización del poder judicial para fines políticos.
La oposición contra Trump proviene de diferentes sectores de la sociedad. Decenas de millones de personas de la clase trabajadora están justificablemente indignadas por las políticas belicistas y procorporativas que persiguió y el repugnante chovinismo e intolerancia que promueve. Pero también hay grandes sectores de la clase dominante que desprecian a Trump por el peligro que representa para la estabilidad de su sistema. El trabajo del presidente en un gobierno capitalista es administrar los asuntos comunes de toda la clase dominante y controlar las tensiones en la sociedad en general que podrían ser perjudiciales para el funcionamiento del capitalismo. Pero Trump solo se preocupaba, y continúa preocupándose, por sí mismo, independientemente del daño que sus acciones puedan hacerles a los intereses de otros miembros de la élite o de cómo pueda inflamar el conflicto social.
En el caso que tiene en Manhattan, y en el caso de los documentos, fue más fácil para Trump presentar la acusación como una expresión de esta oposición de la élite, y cualquier otro problema es de relativamente poca importancia para la mayoría de las personas en el país. Este caso más reciente tiene un carácter diferente al de los otros dos. Se trata de un plan radical para anular la voluntad de los votantes utilizando mentiras, intimidación y violencia —efectivamente un complot por parte de Trump para imponer un régimen no electo que él mismo controle.
Pero aun así, está lejos de ser seguro cómo se desarrollará la política de este caso. El hecho de que hayan pasado más de dos años y medio entre cuándo se llevaron a cabo estos delitos y la acusación formal, beneficia a Trump, ya que él busca pintar esto como otro ejemplo de la manipulación del Departamento de Justicia por parte de Biden contra un rival político. Tanto hoy como el día en que dejó el cargo, es obvio que Trump es culpable de estos crímenes —que cometió a plena vista. Pero la acusación se está lanzando en medio de una campaña presidencial, y en el preciso momento en que Trump está siendo reconocido en todo el espectro como el claro favorito para ser el candidato republicano.
En las semanas posteriores al ataque del 6 de enero contra el Capitolio, Trump estaba verdaderamente aislado. No solo las instituciones poderosas como el ejército y la dirección del Partido Republicano le reprocharon lo que hizo ese día, sino que su propia base estaba confundida y desmoralizada. Esta ventana de oportunidad crucial se desperdició en favor de un juicio político sin sentido y una serie prolongada de vistas en el Congreso. Durante este tiempo, Trump pudo reescribir la historia del 6 de enero en la mente de millones de sus partidarios y consolidar la narrativa falsa de fraude electoral como la posición mayoritaria entre los votantes republicanos.
Tener un contendiente principal para la campaña presidencial que enfrenta múltiples cargos penales —incluido uno que implica subvertir el orden constitucional— no tiene precedentes en la historia de los Estados Unidos. Las elecciones del 2024 ya se perfilan como una batalla política histórica con resultados impredecibles. La posibilidad de una segunda presidencia de Trump es profundamente alarmante para un gran número de personas. Pero como quedó claro una y otra vez cuando estuvo en la Casa Blanca, es un error quedarse de brazos cruzados y esperar que una agencia policial o un fiscal nos salve de Trump o de la agenda antiobrera de extrema derecha que éste representa. Nuestra tarea sigue siendo construir un movimiento de base unido y militante en torno a una visión alternativa —no la política pro Wall Street del Partido Demócrata, sino un nuevo mundo en el prevalezcan la igualdad y la paz en una sociedad donde se le garantice una vida digna a todas las personas.
