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Con el fallo racista de la Corte, estados atacan el derecho a votar

El 25 de junio, la Corte Suprema de los EE.UU. revocó el Artículo Quinto de la Ley de Derechos al Voto de 1965 ( Voting Rights Act, VRA, sigla en inglés). Esta ley fue ganada por la decidida lucha de millones de afroamericanos y sus aliados en el Movimiento por los Derechos Civiles.

A pocas horas de la decisión de la Corte Suprema, Texas anunció planes para implementar una ley previamente bloqueada dirigida a privar de sus derechos a todos los votantes negros, latinos y de bajos ingresos posible.

El Artículo Cuarto de la ley contiene una fórmula para determinar qué Estados han tenido una historia de discriminación racista. El Artículo Cinco requiere que los Estados reciben una aprobación por adelantado del Departamento Federal de Justicia o de un tribunal federal antes de realizar cualquier cambio en sus leyes electorales, incluyendo el establecimiento de una cédula de sufragio para el registro electoral, nuevos trazados de los límites de distritos parlamentarios y la eliminación de la votación adelantada, entre otros.

Otros Estados del sur siguieron rápidamente el ejemplo de Texas. El 25 de julio, la legislatura de Carolina del Norte aprobó una ley de reducción de votantes muy amplia y racista. Se espera que el gobernador la firme para convertirla en ley inmediatamente. Este proyecto de ley incluye las siguientes disposiciones:

  • Exigir tener una cédula de sufragio al momento de votar
  • Reducir el período de votación anticipada de 17 a 10 días
  • Prohibir a los condados la extensión de una hora del horario de votación el día de las elecciones, incluso en circunstancias extraordinarias; como en respuesta a las largas colas. (Aquellos en línea al momento del cierre se les permitiría votar)
  • Eliminar la pre-inscripción para votantes de entre 16 – y 17-años de edad, que en la actualidad puede inscribirse para votar antes de cumplir los 18
  • Dejar fuera de la ley las campañas pagadas para la inscripción de votantes
  • Eliminar el voto provisional en caso de que alguien se presente en el precinto equivocado
  • Permite que una persona pueda cuestionar la elegibilidad de otra, para votar en el mismo condado (antes era en el mismo distrito). El distrito electoral es mucho mas pequeño que el condado (provincia o región) por lo que esta nueva ley expande enormemente las posibilidades para que grupos derechistas desafíen el derecho a voto de ciertas personas o grupos

Los defensores de la cédula de sufragio dicen estar motivados por la preocupación del “fraude electoral”—personas que intentan votar varias veces, que votan con nombres de personas fallecidas o personas que intentar votar sin cumplir con los requisitos necesarios. Pero esta “preocupación” es fabricación pura. El número de incidentes de este tipo es minúsculo.

En el 2012, el MinnPost informó que en Minnesota habían habido 10 casos de fraude electoral desde 2000 y cero caso de suplantación de votantes. Durante esos 12 años, incluyendo cuatro elecciones presidenciales, millones de residentes de Minnesota habían acudido a las urnas. Otras investigaciones estatales y nacionales han mostrado resultados similares.

En el 2007, el New York Times informó que durante las “enérgicas medidas contra el fraude electoral”durante los últimos cinco años de la administración Bush, y de los cientos de millones que habían emitido sus votos en ese período, solo 120 personas habían sido acusadas y 86 condenadas.

“Según revela una revisión de los registros judiciales y entrevistas con los fiscales y los abogados defensores, al parecer, muchos de los acusados por el Departamento de Justicia cometieron errores al momento de llenar los formularios de inscripción o no entendieron los requisitos de elegibilidad”.

Pero mientras que en realidad “el fraude electoral” es extremadamente mínimo, las leyes sobre cédula de identificación con foto, aprobadas por más de 10 Estados en los últimos años, ha tenido un gran impacto en la participación electoral. Más de 21 millones de personas – en su mayoría personas oprimidas de bajos ingresos—no tienen la cédula de identificación emitida por el gobierno; ahora requisito obligatorio para votar en Estados como Carolina del Sur, Texas, Wisconsin, Illinois, Kansas, Pennsylvania, Virginia, Georgia, Mississippi y Alabama.

Liberado del control impuesto por la ley VRA, un tribunal de Florida desestimó una demanda dirigida a bloquear una nueva purga en listas de votantes. La demanda habría impedido que Florida enviara nuevos nombres de “potenciales personas sin la ciudadanía estadounidense” a funcionarios electorales del condado. Es evidente que el objetivo principal serán los votantes latinos. Funcionarios del Estado de Florida también han realizado agresivas purgas de votantes en las comunidades predominantemente afroamericanas.

Millones de personas, incluido un número desproporcionado de afroamericanos y latinos, han sido privadas del derecho a voto por tener condenas por felonías, que a menudo son el resultado de una deliberada y exagerada condena y de la falta de asistencia legal adecuada.

Mientras que muchos de los esfuerzos racistas de reducción de “votantes” son liderados por los republicanos que buscan disminuir a sus rivales del Partido Demócrata, estos no pueden confiar en estas medidas. Se hace necesario lo mismo que se necesitó para ganar el derecho a voto y otros derechos civiles hace medio siglo atrás: un movimiento de masas decidido y organizado.

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