El 12 de junio comenzó una oleada de protestas en la ciudad de Salcedo en el centro norte de La República Dominicana. El pueblo de Salcedo se lanzó a las calles por el asesinato de un pelotero considerado un amigo muy querido de la comunidad, Héctor Ramón Medina López.
Un mes atrás, el 12 de mayo, Medina fue fatalmente baleado en el pecho por la policía mientras andaba en un motor con sus amigo Cesar Rene García, quien fue baleado en la pierna. La policía nunca ofreció una razón por la cual dispararon sobre ellos. Cuando la comunidad exigió una explicación por el trato brutal de ellos, la Policía Nacional respondió con una violencia feroz abriendo fuego sobre los manifestantes pacíficos, matando a 4 personas e hiriendo a 20. Docenas más fueron injustamente encarceladas.
Una de las escenas más salvajes de la matanza fue capturada en video. Este video expone a la policía golpeando a tres personas en la protesta, dos de los cuales intentaban llevar al hospital a su amigo que había sido herido de bala por la policía. La policía paró el motor, comenzó a golpear a los tres hombres y obligó al hombre herido a caminar al hospital mientras lo continuaban golpeando. Éste murió minutos después.
El dirigente del FALPO, el Frente Amplio de Lucha Popular, Darío Camilo denunció a la policía y al gobierno, reclamando que “en esta ciudad lo que hay es una especie de cacería de brujas en contra de quienes se manifiestan en contra del gobierno” y acusó a la policía de confabular con el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), cuyos dirigentes “le han estado bajando líneas de ataques en contra de la dirigencia del FALPO y otras organizaciones políticas.”
Tanto la prensa dominicana como el presidente, Leonel Fernández, se han mantenido callados, sin decir siquiera una palabra con respecto a la masacre. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha comprometido a 200 abogados, en caso de ser requeridos, para determinar e investigar a “los responsables del trato cruel, inhumano y degradante que no solamente violan la constitución dominicana pero que son violaciones de La Declaración Humana de Derechos Humanos y los siete acuerdos internacionales que la República Dominicana ha firmado.”
Estos acontecimientos no son aislados. Representan un patrón consistente de la brutalidad policiaca, intimidación y violencia que la policía emplea para responder al justo grito del pueblo dominicano que solicita más servicios sociales y una interrupción en el incremento de precios de la transportación y la educación pública. El estado está mandando un mensaje claro para evitar la protesta y la unidad de los sectores marginados de la población.
