Traducido por: Keiti Rubio

En un acontecimiento poco sorprendente, organizaciones de derecha anti-obreras han comenzado un nuevo ataque contra los sindicatos y contra la clase obrera. En los estados sin leyes contra la sindicalización obligatoria, Americanos por la Prosperidad – una organización patrocinada por los Hermanos Koch – está dirigiendo una cruzada para promulgar mandatos contra la sindicalización obligatoria a nivel municipal. Desde hace varios años, organizaciones de derecha han conducido campañas exitosas para aprobar tales leyes a nivel estatal.

Veintiocho estados ya han promulgado leyes del “derecho a trabajar” sin sindicalización. Estas leyes prohíben que los sindicatos requieran que nuevos empleados se inscriban y paguen cuotas como condiciones de empleo. En otras palabras, los nuevos trabajadores disfrutan de todos los beneficios de la membresía en el sindicato – mejores sueldos, mejores beneficios, un ambientes de trabajo más seguros y mejores protecciones contra el desempleo – todos ganados a duras penas a lo largo de muchos años, sin tener pagar cuotas ni pertenecer al sindicato. En esencia, participan solo en los beneficios.

En estados donde estas leyes no han podido ser aprobadas por la legislatura estatal, organizaciones anti-obreras han desarrollado una nueva táctica: desarrollar y apoyar mandatos que establezcan leyes contra la sindicalización obligatoria.

En 2012, Americanos por la Prosperidad trabajó para aprobar tal legislación en seis condados en Kentucky. Cuando fue impugnada en la corte federal, los jueces emitieron un dictamen a favor de los condados, dando lugar a que estado de Kentucky pasara una ley contra la sindicalización obligatoria a nivel estatal. Ahora, otros condados investigan estrategias similares.

Esta nueva maniobra es parte de una estrategia a largo plazo por parte de la clase capitalista estadounidense. Este país es único entre países industrializados, en que se mantiene una resistencia implacable y a veces violenta contra la sindicalización obrera. También es único en que su gobierno – en todos los niveles – ha colaborado íntimamente con la clase capitalista para ayudar a las corporaciones y negocios a resistir la sindicalización. Los tres poderes del gobierno han utilizado la legislación, ordenes ejecutivas y mandatos para derrotar las huelgas y limitar las campañas organizativas.

La única época breve en que los sindicatos lograron avances significativos fue después de las luchas colectivas de la década de los 1930, cuando 15 millones de trabajadores perdieron sus trabajos. Bajo esta presión se implementaron reformas diseñadas para salvar al sistema capitalista y emplear el pueblo nuevamente, dando lugar a un periodo de apoyo gubernamental limitado para los sindicatos. Durante la época “New Deal” (Nuevo Trato) de los años 1930, la fuerza laboral finalmente ganó el derecho legal de sindicalizarse mediante la Ley Nacional de Relaciones Laborales de 1935. Combinado con campañas organizativas agresivas y creativas, la membresía en los sindicatos creció desde menos de dos millones en 1930 hasta 8.5 millones en 1940.

A medida que las organizaciones buscaban maneras de mejorar y proteger los derechos de los trabajadores, los sindicatos también ofrecieron una vía potencial para que los afroamericanos hicieran demandas por los derechos civiles. Sintiéndose amenazados, los Oficiales de Ejecución Central (CEO) y líderes de negocios que favorecían la segregación racial intentaron quebrantar toda posibilidad de que los esfuerzos colectivos de los trabajadores exigieran derechos civiles y otros derechos concedidos por la NLRA.

Cuando los Republicanos recuperaron control del Congreso en 1947, se unieron con los Demócratas partidarios de la segregación (“Dixiecrats”) para aprobar la Ley de Relaciones Obrero-Patrón, mejor conocida como la Ley Taft-Hartley. Fue aprobada sobre el veto presidencial. La nueva ley restringía severamente los derechos de la fuerza laboral organizada y le otorgaba a los estados el poder de aprobar lo que erróneamente llegaron a ser llamadas las leyes de “derecho al trabajo,” combinando el anti-sindicalismo con la segregación.

Durante el “boom” o crecimiento económico después de la Segunda Guerra Mundial de los años 1940 hasta los 1960, la economía estadounidense se encontraba en una posición tan fuerte que la clase dirigente generalmente decidió cooperar con los sindicatos para asegurar la producción ininterrumpida. En 1955, la fuerza laboral sindicalizada alcanzó su apogeo – 35 por ciento de trabajadores americanos pertenecían a sindicatos, todos en el sector privado.

Esta tendencia positiva empezó a deteriorarse a fines de los 1960s, empeorando aun más en los años 1970 cuando la economía se deprimió por varias razones. Un acontecimiento económico terrible, conocido como “la estanflación” causó una caída prolongada de la economía. Para los trabajadores, esta crisis de rentabilidad corporativa dio lugar a un nuevo movimiento político de la clase dirigente conocido como el neo-conservadurismo, con el objecto de restablecer el poder y la influencia de las corporaciones. Este movimiento llegó a ser liderado por Ronald Reagan y los Republicanos. Una variedad de organizaciones neo-conservativas y de derecha comenzaron un ataque agresivo contra la fuerza laboral organizada. Dentro el Partido Democrático, un ala “neoliberal” tomó el poder, deshaciendo la antigua relación de cercanía con los sindicatos. El resultado ha sido varias décadas de atrincheramiento por la fuerza laboral. Los sindicatos ahora representan menos de 12 por ciento de la fuerza laboral, y casi la mitad son del sector público.

La tendencia contra los sindicatos en Nuevo México fue más evidente durante la última sesión legislativa, donde la gobernadora neo-conservadora Susanna Martínez apoyó fuertemente una propuesta de ley de “derecho al trabajo”, la cual fracasó. Americanos por la Prosperidad se involucró rápidamente y comenzaron a trabajar con dos comisionados del condado Sandoval y con el ejecutivo municipal del condado Bernalillo. En una reunión reciente de la Comisión del Condado Sandoval, el entusiasmo andaba por los cielos mientras un comisionado equiparaba los sindicatos con la mafia y aseguró que los sindicatos de maestros estaban destruyendo la educación en Nuevo México. El ejecutivo municipal de Bernalillo ha dejado en claro que promocionará legislación parecida en el condado mayor poblado del estado.

El mensaje unificador entre estas organizaciones de “derecho-al-trabajo” es que los sindicatos, al demandar salarios más altos para los trabajadores, hacen que suba el índice del desempleo y crean un desincentivo para que las corporaciones se muden al estado, destruyendo la prosperidad para todos.

La realidad es que nada de esto es cierto. Muy recientemente, Google empezó a contratar trabajadores para una nueva operación en Los Lunas, Nuevo México. No existe relación entre el desempleo y las leyes de “derecho-al-trabajo”.

Muchas de las cifras más altas de desempleo ocurren en estados con dichas leyes. Nunca se ha tratado de la prosperidad para todos, sino de aumentar las ganancias para una pequeña minoría. La gente radical debe unirse con trabajadores y líderes de sindicatos para oponerse a cualquier legislación de “derecho-al-trabajo” a los niveles estatales o municipales.